Mes: marzo 2001

Siete días

Por Hugo M. Castellano © 22 marzo, 2001

Artículo originalmente publicado en Quaderns Digitals

Siete días atrás la Caja de Pandora se abrió en Argentina. Un Ministro de Economía recién nombrado –y por tanto en la cúspide de su credibilidad- giró la llave y levantó la tapa en un acto que quiso ser audaz y valiente, pero que acabó representando como pocos el servilismo de nuestra clase política y la gravedad de los embates que sufre en toda Hispanoamérica la Educación Pública.

Pero antes de dar más vueltas situémonos por un instante en la realidad. Argentina lleva más de dos años de recesión, padece un 15 o 20 por ciento de desocupación (dependiendo de quien lo mida), tiene una deuda que supera largamente el centenar de miles de millones de dólares, y es una de las sociedades más corruptas del mundo gracias a una evasión fiscal monumental y a la feroz rapiña que hace la clase política de los recursos nacionales.  Al respecto, baste decir que el presupuesto de la Legislatura de nuestra provincia más pobre es varias veces superior al de algunos riquísimos estados norteamericanos que tienen un PBI decenas de veces mayor y un número similar de empleados públicos para atender una población diez veces la nuestra. 

Esta corrupción política se mantiene gracias a un cerrado corporativismo y a una justicia venal que dice no conocer a los culpables que todo el mundo conoce, y que ni siquiera se da por enterada cuando un funcionario pierde el control tras varias copas de vino y confiesa a viva voz haber sido sobornado, haber robado de las arcas oficiales, o linduras semejantes.  Un legislador tucumano que se negó a cobrar doscientos mil dólares de “fondos reservados” (esos por los que no se deben rendir cuentas), fue conminado por sus pares a “cobrar o renunciar”, y la ya famosa denuncia por sobornos en el Senado (pagados por el entonces Jefe de Inteligencia del Estado) que precipitó la fuga del gobierno del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez para preservar su honor, duerme el sueño de los justos en los cajones del Palacio de Justicia por “falta de evidencias”.

Como el Estado argentino tiene un enorme déficit fiscal producto de esta corrupción hecha de prebendas, favores, dietas elevadísimas, fondos reservados, subsidios y privilegios de toda laya para los políticos, el mencionado Ministro de Economía no tuvo mejor idea que poner a la clase política entre la espada y la pared utilizando a la Educación como “moneda de canje”.  Transfirió a las provincias un impuesto nacional de 600 millones de dólares con el que se abona un “extra” salarial a los maestros sabiendo que no podrían solventarlo; recortó el presupuesto de las universidades en 350 millones este año y prometió recortar 450 más en el 2002, forzándolas al arancelamiento de lo que hoy es enseñanza gratuita; canceló los programas de capacitación docente y podó varias y calificadas partidas prespuestarias de un golpe. Y enseguida anunció a los cuatro vientos: “Ahora la responsabilidad es de los políticos. Elijan: sus prebendas o la Educación. Si uds. bajan su gasto voluntariamente, las provincias tendrán fondos para compensar lo que la Nación dejará de gastar; si no lo hacen…”

El desafío sacudió a la sociedad argentina. Nadie en su sano juicio supuso que los políticos argentinos preferirían dejar de lado sus privilegios en salvaguarda de la Educación (¿qué confianza se puede tener cuando las gallinas quedan al cuidado del zorro?), y así fue que de inmediato las universidades se declararon en estado de alerta, se tomaron todas las facultades y se comenzó a organizar la resistencia. Por su parte, los gremios docentes convocaron a un paro de 48 horas, y de inmediato se les unió el resto de los sindicatos para convertirlo en huelga general con movilización popular en las principales ciudades del país.  Si hay algo que conmueve a un gobierno es la gente en las calles, de manera que la amenaza no tardó en surtir efecto.

A la mañana siguiente el Presidente de la Nación se dejó ver en Chile con su osado Ministro y lo exhibió casi como a un salvador de la Patria. La tarde estuvo rociada de rumores. A las 23 horas del mismo sábado se anunció oficialmente que “el ministro permanece en el cargo”, y tan sólo cuarenta minutos después su renuncia fue aceptada en beneficio de Domingo Cavallo, artífice de la convertibilidad y la reforma del Estado en tiempos del ex presidente Menem (esto es: el padre de la criatura), a quien se ofrecieron “superpoderes” para capear el temporal.

Por supuesto, las huelgas tuvieron lugar lo mismo. No importó que Cavallo anunciase que las urticantes medidas de su efímero antecesor quedaban sin efecto, porque conociéndolo como lo conoce el pueblo argentino a nadie le quedaron dudas de que el golpe de timón del presidente De la Rúa implicaba sacarse la careta y desdecirse abiertamente de todas y cada una de sus promesas electorales respecto del “modelo económico”.  El declamado “progresismo” que le aseguró el favor de las urnas en 1999 probó ser una burda mentira y ahora se ve bien que en Argentina no hay fuerza política de peso que represente una alternativa al modelo del neoliberalismo rabioso.  Unidos oposición y oficialismo en una misma idea, nadie expresó mejor la situación que la rebelde diputada Elisa Carrió: “ahora vienen por la República”.

En el terreno específico de la Educación, la cosa ya estaba juzgada desde el primer día, cuando De la Rúa nombró a un sociólogo y economista neoliberal –Juan Llach- como su primer ministro en la cartera educativa. Defensor incondicional de las escuelas “charter” y los “vouchers”, Llach sintió moverse el piso como pocos mientras duró, y no duró mucho.  Su reemplazante –Juri- no logró borrar la impresión pese a su título de profesor universitario, y ahora ocupa el Palacio Pizzurno –sede del Ministerio- Andrés Delich, un viceministro oportunista que resistió a pie firme la presión de las dos dimisiones de sus antiguos jefes y por ello recibió el premio mayor. Delich –se comenta- es un ardiente defensor de una reestructuración de la Escuela Secundaria que propone reducir la cantidad de materias en ese nivel y organizar su dictado de un modo que es resistido por la enorme mayoría de los educadores.

La educación en Argentina es un caso típico de la penetración ideológica que ejerce la tecnocracia neoliberal y el economicismo en las sociedades hispanohablantes.  Disfrazada de “reforma” nos llega del Banco Mundial y otros organismos internacionales una receta destructiva y letal que ya ha carcomido buena parte de nuestro sistema educativo llevando su antigua excelencia a los niveles más bajos de su historia.  La escuela primaria y la secundaria se han convertido, al decir de los propios maestros, en meras “guarderías” donde lo único que interesa es que el niño o el joven recorran cada etapa sin tropiezos para inflar las estadísticas, a cuyo fin las proverbiales inspectoras visitan colegio por colegio ordenando: “¡aquí nadie repite!”. Para su instrucción o su formación el sistema no tiene nada previsto, salvo docentes cada vez peor preparados, recursos cada vez más insuficientes, y la permanente distracción de los medios de comunicación, mercantilizados al máximo, monopólicos y tendenciosos, que difunden a diestra y siniestra infamias contra la Escuela y sus profesionales.  Sin guía, sin ejemplos y sin futuro, los jóvenes recorren las calles con sus latas de cerveza y la mirada perdida, a lo cual sólo se responde con un encogerse de hombros o con reclamos por una policía más abundante y más dura. El resultado: índices alarmantes de torturas en las comisarías argentinas, cuyas víctimas son –siempre- adolescentes y jóvenes.

El espectro educativo argentino está plagado de burócratas que dicen estar haciendo, que anuncian haber hecho, que se enorgullecen de lo que harán… pero que no hacen nada salvo hablar.

La medida del fracaso escolar está dada por los exámenes de ingreso a la Universidad: de cada mil alumnos sólo aprueban veinte.  Todos se hacen cruces, pero olvidan mencionar que es el propio sistema educativo prohijado por los sucesivos gobiernos el que les ha dado un título de bachilleres sin fundamento alguno.  Y de la galera de los políticos educados en Harvard sale entonces el mágico conejo: “la culpa es de los profesores, la culpa es de los programas de estudio, la culpa es de quienes poseen una mentalidad arcaica –de la “segunda ola”- y creen que la escuela debe ser una fábrica de ciudadanos”. Las letanías de la tecnocracia se derraman sobre el trágico escenario educativo argentino: “el corporativismo docente”, “una escuela no-competitiva”, “rechazo a la tecnología”, “privilegios de clase”, y así ad infinitum.   Pero los maestros, que son en definitiva quienes ponen la cara al frente de sus clases y saben del desamparo propio y ajeno como nadie; que son quienes pueden contar uno por uno a los alumnos que concurren al colegio nada más que para recibir una comida diaria; que conocen al dedillo el efecto que las pedagogías “modernosas” ejercen sobre la mente de los estudiantes, y a quienes no hay que recordarles que si sus niños no leen y escriben es porque enseñarles a leer y a escribir como se debe puede costarles el puesto, se encuentran hipersensibilizados y dispuestos a reaccionar ante el más minúsculo estímulo.

Por estas razones, entre tantas otras, la amenaza de vaciar de fondos a la Educación Pública ha dado como resultado una huelga como jamás antes se vio en Argentina.  A todos nos ha quedado claro ahora que existe un proyecto concreto para que el Estado se desligue del gasto educativo y lo transfiera a quien quiera tomarlo, lo cual finalmente se traducirá en una privatización de facto.  Lentamente, pero al fin, comienza a cobrar cuerpo la idea de que nuestros políticos han vendido la Educación a los intereses plutocráticos, y no son pocos los que comienzan a hilar fino para explicarse con alguna coherencia a dónde conducían aquellas “raras medidas” que en su momento no alcanzaron a comprender.

Es probable que la jugada de los últimos días haya fracasado y que el ataque haya sido pospuesto para mejor ocasión.  Tal vez se pensó que el momento era propicio y no resultó de esa manera, pero lo concreto es que las fuerzas políticas locales –o una parte importante de ellas- cometieron el desliz de jugar un as y al sincerarse generaron un nítido punto de inflexión: hasta ahora los planes de destrucción del aparato educativo eran una sospecha brumosa, hoy son una certeza tan luminosa como el sol del mediodía. Que las carpetas que los contienen se amarilleen en los cajones ministeriales o que vuelvan a ser exhumadas en la próxima crisis depende, pura y exclusivamente, de la capacidad de los educadores argentinos para resistir, porque –parafraseando a la diputada Carrió- “ahora vienen por la Educación para destruir a la República”. Es decir, vienen por nosotros.