Internet y las Políticas de Uso Aceptable

Por Hugo M. Castellano © 6 octubre, 1998

Conferencia dictada durante las Jornadas de Informática Educativa 1998 en Buenos Aires, Argentina

La Internet ya se ha convertido, por propio peso y por la presión social, en una herramienta educativa de innegable valor, y cada día más y más escuelas, maestros y alumnos se suman a la nutrida hueste de los cibernautas. 

Está claro que cada individuo que ingresa a este mundo virtual lo hace arrastrando expectativas propias, las que de una manera u otra acaban definiendo su relación con el medio: el comerciante pretende hacer más y mejores negocios, el político mostrar su plataforma a un número creciente de votantes; el profesional busca conectarse con la información más actualizada y con colegas distantes; los jóvenes quieren conseguir amigos y eventualmente pareja; los niños tratan de averiguar cuanto pueden sobre videojuegos y artistas de la televisión, y así podríamos seguir hasta cubrir todas las tipologías imaginables.  ¿Qué pretenden los maestros de la Internet?    Un poco de todo.  Conectarse con sus pares, obtener información pedagógica y contenido curricular, acceder a seminarios y a cursos de actualización, intercambiar experiencias, y, entre otras muchas cosas, buscan también oportunidades para que sus propios alumnos se instruyan y eduquen.

Sin embargo, la Internet dista mucho de ser el prístino espacio pedagógico que los educadores podrían desear, y, al menos en las grandes urbes de todo el país, donde comienzan a abundar los alumnos con acceso a la Red desde sus hogares, es posible ver cómo germina las semilla de un conflicto de proporciones entre la ética social y la de los ideales educativos.

Hasta no hace mucho, la ambigua y voluble ética social penetraba en la escuela de la mano de casos aislados, o impuesta por las costumbres y la cultura en un proceso visible, definido y lo suficientemente lento como para facilitar una razonable adaptación institucional.  Es posible que el universo de la Pedagogía siempre haya actuado en respuesta a las necesidades y demandas de los tiempos, pero en todos los casos lo hacía tomando la iniciativa y desde su propia óptica.  Montessori, Pestalozzi, Piaget, Russell y tantos otros dieron vida a nuevas técnicas y enfoques a partir de su autoridad intelectual, científica o experimental, filtrando la realidad social y sus exigencias a través de una visión pedagógica por excelencia.  Hoy, en cambio, se aprecia una invasión feroz de los espacios educativos por parte de los medios de comunicación, y quienes dictan la política educativa (ya no se habla tanto de Pedagogía…), provienen de ámbitos tan diversos como la literatura comercial, la industria, la economía, la política o el show-business.  Los educadores han perdido protagonismo a la hora de decidir el curso de su propia actividad profesional, y las más de las veces se encuentran actuando en reacción a hechos consumados o sintiéndose culpables por no “modernizarse” a la misma velocidad con que la sociedad dice modernizarse.

Sea por la causa que fuera, finalmente la escuela acaba reflejando a la sociedad, pero aún conserva un remedo de ética propia, un cierto código de valores, más cercano al ideal educativo que a la realidad de las calles y la televisión, que le permite ubicarse como guía y marco de referencia, sobre todo porque siendo un espacio pluralista demanda de quienes la integran una adecuación especial a los principios de convivencia y respeto mutuo, y porque en su carácter de espacio estructurado reclama una necesaria sujeción a un sistema jerárquico, a horarios y a planificaciones.  En otras palabras, la escuela todavía pone el acento en lo positivo antes que en lo negativo, en el orden antes que en la anarquía: el alumno puede ser desordenado en su vida privada, pero se le exige un cierto orden dentro del colegio; puede usar un lenguaje soez en su hogar, o rendirse a los caprichos, pero la escuela le impondrá límites a su comportamiento; puede ir y venir por donde desee si sus padres lo permiten, pero no puede entrar a la escuela a la hora que le plazca ni retirarse cuando le venga en gana; puede ver, escuchar y leer todo lo que tenga a su alcance fuera del ámbito escolar, pero dentro de él hay (o debiera haber), pautas muy diferentes de acceso a la información.

Y es en este último punto donde llegamos a avizorar el conflicto que planteábamos al principio.  Las nuevas formas de acceso a la información, muy en particular la Internet, nos ponen frente a un dilema de proporciones cuya problemática no se agota en lo meramente pedagógico ni en lo cognitivo, sino que nos sumerge de lleno en aguas tan turbulentas como podrían serlo la legalidad y los derechos individuales.  Entonces, ¿quién determinará cómo se usa la Internet en la escuela: el medio social o los educadores?  Afirmamos enfáticamente que la escuela no puede resignar más terreno en la toma de decisiones que afectan directamente a su función educativa, a sus altos ideales y a su responsabilidad institucional, tanto ética como legal, en el marco de los servicios que presta a la comunidad. 

Detengámonos un momento a considerar por qué.

La Internet, como recurso pedagógico, tiene dos puntos fuertes: es una vía directa de acceso a información de todo tipo, y un medio de comunicación eficaz y rápido.  A través de ella el alumno puede ponerse en contacto con los datos que necesita para aprender una variedad de temas, incluso con otras personas que pueden brindarle información adicional, consejos o sugerencias.  Además, es un ámbito donde puede asumirse un notable protagonismo, ya que permite la publicación de información propia, la puesta en marcha de proyectos y la generación de espacios públicos de participación dando igualdad de oportunidades al particular frente a las grandes empresas y corporaciones. 

La contracara de estos beneficios está marcada por el carácter esencialmente caótico, libertino y muchas veces hipócritamente moralista de la Internet, que –ella sí- refleja a la sociedad del modo más crudo que pudiera imaginarse: sin controles, sin filtros y sin tapujos.  La Red es un espacio de insólitos contrastes, donde lo bueno y lo malo conviven con lo sublime y lo deleznable.  Pocas son las leyes que alcanzan al cibernauta, salvo que cometa el supremo pecado de penetrar una red del Pentágono o que viole los códigos de seguridad de alguna cuenta bancaria, y quien se mantenga razonablemente silencioso puede sobrevivir sin riesgos en este increíble paraíso voyeurista, desde un cómodo sillón de su living y por una más que razonable cuota mensual.

Todo ésto, que puede estar perfectamente bien para un adulto educado, es la pesadilla del educador, y en poco tiempo más puede convertirse en una carga difícil de sostener para las instituciones educativas, si no se toma conciencia clara de cuál es el rol que la Internet juega en la escuela y cuál es la responsabilidad profesional y moral de cada maestro que recurre a ella junto a sus alumnos, o de quien sugiere desde el aula su uso como necesario para un trabajo o proyecto. 

Desde un principio resulta evidente que la posición del niño o del joven estudiante frente a la computadora conectada a la Internet no puede ser igual en el hogar que en el colegio.   Lo que resulta perfectamente admisible en casa –pasar una hora “chateando” con un amigo, por ejemplo- es por completo inapropiado como actividad escolar, y según sean los códigos de conducta exigidos por cada institución, y dependiendo de las circunstancias, incluso acciones simples como ésta pueden ser vistas tanto como travesuras o como faltas relativamente graves.  En la escuela, toda la responsabilidad por lo que el alumno ve o hace frente a una pantalla corresponde al maestro a cargo, a la escuela o a ambos, quienes también deben responder por los efectos y consecuencias de tales actividades.  Esta responsabilidad puede ser simplemente profesional, moral, o hasta penal, si es que los estudiantes quebrantan alguna ley, producen un daño grave o lo sufren por causa de sus actividades dentro de la Internet.  De modo que va en el directo interés de los maestros y de las instituciones educativas establecer reglas claras para controlar el uso de la Red y determinar en qué condiciones y con qué expectativas se brindará acceso a los alumnos.  Estas reglas son lo que se conoce como Políticas de Uso Aceptable, y se han vuelto muy comunes en los Estados Unidos, Canadá y otros países donde el acceso a la Internet en las escuelas está muy difundido.

Las formas que estas regulaciones asumen son variadas, pero hay en ellas un patrón común que puede servir como guía a todo aquel que desee formular las propias.  Todas establecen con la mayor precisión posible que la Internet es –dentro de la escuela- un recurso educativo, y que por ende quedan fuera de los usos aceptables el entretenimiento, las actividades motivadas por intereses particulares y las conductas impropias o ilegales.  Al explicitar su finalidad educativa, tanto el colegio como el maestro están diciendo a la familia y al alumno que poseen clara conciencia del medio que están usando, de sus características y de los riesgos que presenta, y que han decidido que, a pesar de todo, el valor educativo de la Internet es lo suficientemente importante como para insistir en su utilización, con restricciones.

Sentada esta base, surge de inmediato el problema de la implementación.  En estas horas se libran en los Estados Unidos varias batallas legales que buscan determinar si las bibliotecas públicas tienen derecho a implementar restricciones de acceso al material pornográfico, racista o violento por medio de filtros informáticos, o si corresponde simplemente advertir a los usuarios de las computadoras municipales y nacionales del riesgo que corren de toparse con información ofensiva o indeseada en sus búsquedas por la Red.  El mismo dilema se traslada a las escuelas fiscales, y en general a toda computadora comprada con dineros públicos, al punto que ya se ha creado allí una industria del litigio montada alrededor de aquellas personas que, honrada o interesadamente, aducen daño moral por haber ingresado sin quererlo a las páginas web equivocadas. 

El problema no es trivial.  Si una escuela declara que sólo permitirá un uso educativo de sus computadoras, y al mismo tiempo implementa una serie de filtros que tratan de impedir el acceso a material de otra índole, se enfrenta a dos riesgos: que los filtros fallen (lo cual es más que probable, dada la facilidad con que pueden ser engañados), o que alguien aduzca que la presencia de filtros atenta contra las libertades individuales porque constituyen una forma de censura previa.  En cualquier instancia, la presencia de filtros informáticos es una contradicción: no se puede prohibir lo que en principio se ha vuelto imposible de hacer, ni tiene mérito alguno adherir a un tipo de contenido como el educativo si éste es el único pasible de entrar a las computadoras.

De manera que, si hemos de ser prácticos, la escuela debe formular primero qué tipo de uso pretende para la Internet y luego hacerse cargo de garantizar por sí misma que esa finalidad se alcance.  Sin embargo, cualquier maestro sabe que tal cosa es imposible en un cien por ciento.  En una clase razonablemente poblada, con treinta o más alumnos frente a quince o veinte máquinas, nada ni nadie puede impedir que aparezca en los monitores una esvástica o una conejita de Playboy en el momento menos pensado, sea por picardía de los alumnos, por impericia o por casualidad, y más allá del desorden momentáneo que algo así podría causar deben considerarse otras potenciales repercusiones –incluidas las legales- a fin de establecer las salvaguardas apropiadas. 

Pero antes de hablar sobre cuáles podrían ser éstas, hagamos una lista de los posibles usos no-aceptables de la Internet dentro de un colegio típico.

  • Acceder a material no requerido por el maestro.  Esta es una falta leve, típica del alumno que cae en la tentación de hacer un alto en la clase y se va de tema o pierde el tiempo leyendo los resultados del fútbol. 
  • Acceder a cualquier tipo de material con fines particulares.  Una variable de lo anterior, pero algo más sustancial, como por ejemplo el alumno que usa la computadora para bajar un programa para uso personal, para enviar o recibir correspondencia privada o para pedir información sobre productos comerciales.
  • Acceder a cualquier tipo de material ofensivo, discriminatorio o ilegal.  La más grave de las ofensas si es voluntaria y consciente, porque implica desconocer no sólo las reglas de uso de la Internet, sino las del colegio mismo, presumiendo que ningún colegio permite este tipo de material en las aulas, bajo ninguna forma o circunstancia.
  • Poner a disposición de otros alumnos material no permitido.  En cualquiera de los casos anteriores, la falta se hace más grave si además se difunde el material mal habido entre el resto de los alumnos.
  • Realizar cualquier tipo de transacción comercial.  Aunque parezca curioso, no son pocos los niños y jóvenes que intentan vender o canjear productos cuando el maestro no mira.  Pese a lo improbable de que dichas operaciones lleguen a concretarse, este es un uso totalmente inapropiado salvo en una Escuela de Comercio, y aún allí habría que regularlo estrictamente, por obvias razones.
  • Comunicarse con otras personas, especialmente desconocidos, sin autorización.  Existe un cierto riesgo para el estudiante que entabla una relación vía correo electrónico, chat o videoconferencia con personas desconocidas, especialmente si la comunicación se realiza en un ámbito público como los canales de IRC o si involucra a individuos mayores que el alumno o la alumna.  Mas allá de ésto, no es razonable que en la escuela se intente este recurso sin autorización, y muy especialmente sin supervisión de un maestro.
  • Falsear la identidad en las comunicaciones, difundir información personal, tanto propia como ajena, o brindar información falsa a terceros.  Los tres casos son instancias de lo mismo, y son más usuales de lo que puede suponerse.  Es común que los jóvenes utilicen sobrenombres para identificarse en los canales de chat o en el e-mail, lo cual no es (contrario a lo que algunos psicólogos posmodernos aducen), una oportunidad para asumir otras personalidades y descargar tensiones, sino una admisión más o menos consciente de los riesgos que van implícitos en toda comunicación no-regulada.  Falsear la identidad es un síntoma de temor e inseguridad, o un acto malintencionado, y en ningún caso puede la escuela condonar tal acción.  En cuanto a la difusión de información personal, los alumnos deben evitar dar precisiones a terceros sobre sus direcciones postales, teléfonos y otros datos de filiación, por estrictas razones de seguridad, y menos aún pueden -ni deben- difundir este tipo de información cuando es ajena.
  • Utilizar lenguaje ofensivo, agresivo o discriminatorio en las comunicaciones.  Amparados en el relativo anonimato que hacen posible el correo electrónico y otros mecanismos de comunicación, es a veces tentador para los niños y jóvenes caer en excesos verbales o permitirse expresiones poco felices o groseras, las que en casos extremos podrían llegar a provocar quejas formales contra el colegio mismo por parte de los afectados.
  • Utilizar los recursos informáticos para producir una molestia o daño.  Suena exagerado, pero una de las actividades que más entusiasma a los jóvenes fanáticos de las computadoras es jugar al “hacker”, y enviar virus, troyanos y otros engendros a amigos y enemigos vía el correo electrónico.  Los más avezados podrían, incluso, penetrar efectivamente un sistema ajeno vía telnet y producir desde el colegio daños de relativa magnitud, con consecuencias imprevisibles.  En un orden más leve, pero igualmente reprobable, se encuentran las prácticas del spam y el mail bombing, esto es, enviar correspondencia no solicitada a un número elevado de personas o saturar con repetidos mensajes una casilla de correo.

Establecido qué no pueden hacer los alumnos mientras usan las computadoras del colegio para acceder a la Internet, queda por delimitar qué medidas corresponde tomar para asegurar su cumplimiento.  La primera y universalmente aceptada como casi la única que garantiza al máximo que una Política de Uso Aceptable sea eficaz, es la constante y responsable supervisión de todas las actividades informáticas por parte de maestros bien entrenados, tanto en lo técnico como en el manejo de la clase.  Nada supera a la firme, amable y convencida autoridad del maestro a la hora de garantizar que los límites están para respetarse. 

Podrían agregarse una serie de posibles sanciones para los infractores, pero en general éstas no deberían ser diferentes de las que de seguro preexisten en toda escuela para infracciones equivalentes (traer al colegio material inapropiado, mostrarlo a otros alumnos, faltar el respeto a las personas o agredirlas, utilizar lenguaje soez, etcétera).  Una sanción específica que muchas escuelas adoptan al implementar una Política de Uso Aceptable suele ser la pérdida temporal del derecho de acceso a la Internet por parte de quien ha transgredido las normas.

De todos modos, si se analiza la lista de usos inaceptables que hemos presentado para la Internet, se verá que cada uno de ellos guarda estrecha relación con acciones de orden más general que prácticamente ningún colegio tolera, y para las cuales todos tienen alguna reacción prevista. Así, la Política de Uso Aceptable puede ser vista tan sólo como una extensión específica del Reglamento Interno.

Sin embargo, las regulaciones que fijan los usos aceptables para la Internet pueden ir un poco más allá.  Los reglamentos internos de cada colegio por lo general reflejan la preocupación de sus autoridades por asuntos más que nada relacionados con una visión particular de lo que debe ser el orden dentro de “su” escuela, e incluyen ítems que de puertas afuera son por completo aceptables, o que carecen de aplicación, como por ejemplo el tradicional “no comer en clase”, “no correr por los pasillos”, o todo lo que tenga que ver con la presentación personal y el uso del uniforme, allí donde lo hubiere.  Las Políticas de Uso Aceptable para la Internet, en cambio, tienen una aplicación más general, porque reflejan -en su mayor parte- un código de conducta altamente objetivo.  Nadie en su sano juicio proclamaría su adhesión a las actividades ilegales dentro (o fuera), de la Internet, ni se atrevería a sugerir que los niños pequeños deben enviar misivas insultantes a sus amiguitos o entablar diálogos amistosos con adultos desconocidos, delatando detalles de su vida privada o de la de sus padres.  En otras palabras, las Políticas de Uso Aceptable, cuando están bien formuladas, sirven no sólo a la escuela, a los maestros y a los alumnos como marco ético de referencia, sino que también son un mensaje dirigido a las familias sobre cómo actuar con responsabilidad frente a un medio tan cautivante y complejo.  De esta manera, la escuela asume el protagonismo en un área que por derecho propio le corresponde, contrarresta en buena medida la exagerada influencia de esa moral social de la que hablábamos al principio, con su doble discurso y sus ambigüedades, y brinda a la comunidad un claro mensaje educativo, al tiempo que define con la mayor claridad posible su compromiso con la ley, con la ética y con los ideales pedagógicos.

En cuanto al aspecto legal, una escuela que determina sus responsabilidades con precisión no sólo se protege a sí misma, sino que además brinda seguridad y tranquilidad a sus maestros y profesores.  Todos sabemos que, en última instancia, es el maestro el principal responsable de lo que sucede en sus cuarenta minutos de cátedra, pero no es sensato dejar que las cosas simplemente sucedan y que las buenas o malas experiencias de algunos se encarguen de mostrar cuál es el curso de acción adecuado para la mayoría.  Y tampoco es justo, porque el eslabón más débil de la cadena siempre es el docente, para quien un error puede significar la pérdida del trabajo y la deshonra profesional. 

En aquellos países donde la organización de la educación pública es prolija y bien cerebrada, las Políticas de Uso Aceptable para la Internet han sido puestas en manos de los distritos escolares o las cabeceras de jurisdicción, quienes establecen pautas generales permitiendo luego que cada escuela formule sus propias variaciones, adaptándolas a sus circunstancias particulares y a las de su comunidad.  No es infrecuente tampoco que, siguiendo esos lineamientos “oficiales”, cada colegio produzca un debate interno y finalmente establezca su Política de Uso Aceptable por consenso entre padres, maestros y alumnos, lo cual asegura que las partes estén informadas, comprendan el problema y se sientan más proclives a aceptar una reglamentación que ha sido democráticamente alcanzada.

Es importante consignar que hay quienes se oponen a la instauración de este tipo de regulaciones en las escuelas, aduciendo que representan una intromisión autoritaria en un campo tan subjetivo como lo es el ético, y que allí donde se trata la posible comisión de delitos no resulta necesario reglamentar lo que ya está contemplado por las leyes.  En cuanto a lo último, es obvio que ninguna regla interna que llegue a elaborarse en la escuela podrá contrariar a la letra o al espíritu de la legislación vigente, y que su único propósito habrá de ser –en todo caso- el de puntualizar las posibles instancias en las que dicha normativa se aplica a la actividad escolar, alertando a los interesados y participantes sobre su existencia.  Respecto de la subjetividad ética, insistimos en el derecho de cada escuela -y del sistema educativo en su conjunto- de elaborar su propia síntesis basada en la experiencia y formación profesional de los educadores, antes que abandonarse al doble discurso de la moral común o a la presión de los intereses comerciales o ideológicos de otros grupos sociales, en especial de los medios.  Los maestros hemos sido formados para educar, y es nuestro deber hacerlo en conciencia rechazando de plano cualquier nihilismo moral como totalmente ajeno a la práctica pedagógica.

En una implementación real típica se suele exigir que padres, maestros y alumnos certifiquen su aceptación de las Políticas de Uso Aceptable por escrito, lo cual parecería una precaución exagerada de no ser por la difundida moda de resolver hasta los diferendos más comunes litigando en los tribunales.  Lo cierto es que la escuela, a partir del establecimiento de este tipo de regulación, tiene el deber y la obligación de informar a todos los involucrados sobre sus alcances y, mucho más importante, de instruirlos en el uso de la Internet con fines educativos, en especial si se trata de los alumnos.

La idea general tras las Políticas de Uso Aceptable para la Internet es perfectamente válida para cualquier colegio argentino, así como gran parte de su formulación textual.  Otra cosa será determinar su implementación real, porque nuestro medio ambiente escolar y social difieren en muchos aspectos de aquellos de los cuales podríamos tomar ejemplo.  En los Estados Unidos, por caso, es común que los maestros y alumnos accedan a la Internet mediante una clave personal y en condiciones de relativa privacidad, debido a que la norma es universalmente respetada por simple convicción.  En Argentina, en cambio, dejar las computadoras del colegio libremente en manos de los alumnos no es la costumbre, lo cual podría sugerir que basta con la supervisión de los maestros para garantizar que las transgresiones no superen el mínimo razonable.  Aún así no debe desmerecerse el valor de una clara reglamentación porque (a) brinda un marco de referencia preciso y comprensible para los estudiantes y sus maestros, y (b) porque sus alcances van más allá del ámbito escolar, sirviendo como pauta de conducta en el hogar y fuera de él, propagándose a las familias y al entorno social.  En última instancia, la elaboración de una Política de Uso Aceptable para la Internet debe ser vista como un acto educativo más, de los tantos que pone en práctica la escuela en su labor cotidiana.

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