El poder judicial en la escuela: peligros y contradicciones

Por Hugo M. Castellano © 4 noviembre, 2011

Una alumna de tercer año de secundaria de un colegio privado en la provincia de Entre Ríos (Argentina) fotografió a una de sus compañeras recostada sobre el pupitre y publicó la imagen en Facebook comentando “así duerme fulanita en clase de Matemática”, lo que provocó una serie de intervenciones de otros alumnos ridiculizando a la escuela y a la profesora a cargo de la materia. 

Alertada sobre el hecho, la directora del colegio convocó a la alumna, quien admitió ser responsable de la publicación. Prontamente el Consejo Escolar de Convivencia de la institución evaluó el caso y sancionó a la alumna pidiéndole que escriba una monografía sobre “Uso y mal uso de los medios de comunicación”, para exponerla luego en Rectoría y frente a sus compañeros. 

Como la alumna era abanderada e integrante del Cuadro de Honor del establecimiento, al recibir la sanción perdió dichos privilegios por aplicación del decreto 23/90 del gobierno provincial, que establece que “el alumno abanderado perderá automáticamente tal lugar ante una sanción, apercibimiento o amonestación”. 

Convocados los padres, no se hicieron presentes en la escuela, y en cambio optaron por recurrir a la vía judicial hasta que el Superior Tribunal de Justicia –la más alta autoridad jurídica de la provincia- hizo lugar a su reclamo dictaminando que las autoridades escolares habían “conculcado el derecho a defensa” de la adolescente, y las obligó a desistir de las sanciones. 

Poder JudicialEs probable que el fallo, al limitarse a condenar un error de procedimiento por parte de la escuela, se ajuste a derecho y sea inmune a posibles objeciones jurídicas, pero es justamente la intervención de tan alto tribunal en un asunto de estricta competencia escolar lo que está generando enorme inquietud en la comunidad educativa, al tiempo de exponer graves contradicciones en el propio sistema de administración de justicia. 

En efecto, usar el celular en clase no es un delito, ni siquiera una contravención. Se trata tan sólo de una infracción a un reglamento escolar cuya validez surge del consenso y la voluntaria aceptación de padres, docentes y alumnos, y que sólo es aplicable al interior de los establecimientos.

Si la justicia es convocada para dirimir sanciones escolares, y responde con tanta diligencia como ha sucedido en este caso, la pregunta inevitable es por qué no interviene cuando dentro de los colegios efectivamente se cometen delitos reales y claramente tipificados en el Código Penal, como el hurto, la calumnia, la difamación, las amenazas, o directamente la agresión violenta, que no por ser ejecutados por menores de edad dejan de ser tales. 

Los tribunales no necesitan la denuncia de un padre indignado para actuar, ya que los periódicos difunden a diario informes sobre bullying, y relatan cómo los ministerios de educación del mundo entero prueban una medida tras otra intentando frenar la violencia escolar. 

Los delitos están ahí, a la vista de todos; basta un magistrado decidido a actuar. Pero no; los jueces intervienen para condenar a una escuela por un tecnicismo, pero no advierten las gravísimas consecuencias de judicializar las sanciones disciplinarias en un sistema educativo que ya cuenta con poquísimas herramientas para conservar el mínimo orden necesario para impartir educación. 

En lugar de anular la sanción, el Superior Tribunal podría haber exigido que la escuela subsane el error de procedimiento, brinde oportunidad de expresarse a la alumna según las formas que reclama el reglamento del colegio, y luego dejar que, con absoluta independencia, las autoridades académicas confirmen, deroguen o modifiquen la pena. 

En cambio, los jueces han preferido tomar el asunto entre sus manos. Quizás les asista la razón jurídica, pero las secuelas de su decisión van mucho más allá de lo aparente. 

Ahora, gracias a la notoriedad del caso, el padre de la alumna aprovechó sus cinco minutos de fama en los medios para exagerar sus quejas, llegando a afirmar que el título de la monografía solicitada era “tendencioso”, y que obligar a la alumna a exponer su contenido ante la Rectoría y sus compañeros era “vejatorio”, con lo cual puso bajo sospecha cualquier tarea impuesta como sanción cuyo título tenga que ver con la transgresión, y redujo la sanción a un acto secreto, restándole todo valor ejemplificador para el resto del alumnado.

Para colmo, expresó que “si mi hija u otro tira papelitos, usa el celular o habla durante la clase, es porque no reviste el interés de los alumnos”, como si la participación activa en una clase no fuera un deber de los alumnos -quienes concurren a la escuela para aprender, esto es, para un acto que los tiene como protagonistas- y no como espectadores que deben ser entretenidos para que no se duerman.

Pero aún si el docente fuera aburrido o monótono, de ninguna manera le asiste al alumno el derecho de recurrir a cualquier transgresión imaginable para pasar el tiempo o expresar su insatisfacción.

Claro, el Superior Tribunal de Justicia ya había emitido su fallo y estos asuntos no son de su “elevada incumbencia”. Pero alguna responsabilidad le cabe por desautorizar a la escuela, por exponer a sus autoridades al ridículo, por debilitar un poco más a los docentes, y por dar prensa a un padre iracundo para que descargue diatribas y falsedades sin mesura alguna.

Sería deseable que episodios como éste no se repitan, pero en atención a la falta de sentido común de algunos jueces, la avaricia de muchos abogados, y la insensatez de tantos padres que atacan a la institución escolar sin ver que con ello sabotean la educación de sus propios hijos, lo más seguro –y triste- es que la situación empeore.

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