Habemus data

Por Hugo M. Castellano © 23 marzo, 2000

Las nuevas tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y el almacenamiento de información nos enfrentan desde hace rato con ciertos problemas de difícil solución. En Argentina, por ejemplo, la ley de Habeas Data, exigida por la nueva Constitución, aún sigue sin ser aprobada por el Congreso y está a punto de vencer el plazo para su tratamiento por segunda vez en menos de cuatro años. El senador riojano Jorge Yoma (PJ), ha comentado que “es lamentable que la presión de grupos poderosos, como las entidades de información comercial y crediticia, haya conseguido obstaculizar hasta la parálisis la sanción de una ley”.

O el senador Yoma es muy ingenuo, u olvida las incontables veces que él y otros políticos han formado lobbies para torcer los acontecimientos a su gusto y placer… o interés. Pero eso es harina de otro costal. Lo que nos preocupa aquí es el estado de virtual indefensión en que se encuentran los ciudadanos argentinos, considerando que su información personal es almacenada y distribuida sin su consentimiento y, peor aún, sin su conocimiento, las veinticuatro horas del día por empresas y organizaciones de todo tipo y calibre.

El caso típico está representado por los datos almacenados por entidades financieras o crediticias -al menos ésto es lo que siempre se menciona en los análisis- pero hay mucha más información personal en los bancos de datos sobre la que los ciudadanos no tienen control, por ejemplo: sus historias clínicas, su legajo laboral, sus números telefónicos y su dirección de e-mail, que son manipulados a diario por personas o corporaciones a las que no ata ninguna responsabilidad legal.

Cuando un maestro o profesor es obligado a someterse a una “revisión pre-ocupacional” (un estudio médico para evaluar su estado psico-físico), práctica que se extiende sobre todo en el ámbito privado y que en teoría es obligatoria para los docentes estatales, el resultado es invariablemente binario: se aprueba el examen, o no. Las conclusiones del estudio -radiografías, análisis bioquímicos, psicometría- nunca llegan a sus propietarios, y en cambio son guardadas en la caja fuerte del colegio, en alguna gaveta de la secretaría, o vaya uno a saber dónde. Por cierto, copias de toda esta información pueden quedar archivadas en la Clínica u Hospital donde se efectuaron las pruebas, y copias de las copias pueden quedar en manos de quien sea. Nadie controla, nadie supervisa, nadie se hace cargo.

Algo análogo sucede con los legajos laborales. Cuando un empleado se retira de una firma y busca un nuevo empleo, es frecuente que señale a sus antiguos patrones como “referencia laboral”. Si quien busca contratarlo en esas circunstancias se contacta con ellos para recabar un informe sobre el rendimiento y las aptitudes del empleado, ¿quién garantiza que la información sea precisa, quién controla que no se mienta (o no se exagere), quién verifica que los datos guardados en ese legajo sean fidedignos, quién vigila su confidencialidad? Más aún, como sucede con los muchos colegios privados que carecen de una auditoría pedagógica estatal, ¿quién asegura la idonedidad de quienes elaboran los informes, su independencia de criterio, su objetividad?

El caso de los números telefónicos y la dirección de e-mail es uno muy especial. Se trata de un dato referido a un servicio que el usuario contrata con un fin específico, y con el derecho implícito a la privacidad. Se sobreentiende que si el número telefónico de una persona es listado en una guía de distribución gratuita y universal no es para que el resto de los mortales lo utilice como se le dé la gana, sino para que se comuniquen con él quienes tienen una necesidad legítima. Esto excluye, por supuesto, a las empresas comerciales que intentan, casi siempre con sucias artimañas, vender sus productos, a los políticos que descargan mensajes pre-grabados sobre los electores y a otros oportunistas.

Lo mismo se aplica al e-mail. Con el agravante de que como las direcciones no son publicadas en guía alguna, ha surgido una caterva de miserables que roban los listados de donde sea que se encuentren y luego los venden al mejor postor, adosando a su oferta programas de computadora que hacen posible enviar spam (correo no-solicitado) a millones de usuarios sin costo alguno y disfrazando la identidad del remitente para que no pueda ser atrapado.

Que esta última práctica es indeseable para la comunidad de Internet está claro. Los principales proveedores internacionales de servicio de correo electrónico (hotmail, yahoo, aol, usa y otros), poseen una rígida política de uso que persigue implacablemente a quienes envían spam desde sus cuentas o a través de sus computadoras, incluso recurriendo a los tribunales cuando ello es posible. Por desgracia, los grandes proveedores locales, invariablemente, hacen caso omiso de las quejas y toleran -casi podría decirse que estimulan- esta práctica deleznable que amenaza con causar la disrupción total del correo electrónico si continúa creciendo al ritmo actual.

Por supuesto, los lobbies no son una exclusividad argentina. En los EEUU han conseguido introducir una norma legal (Bill S.1618 Title III), que señala que no puede considerarse spam un correo si incluye una dirección válida para que la víctima pueda quitar su nombre del listado. Gracias a una normativa como ésta es que uno recibe prolijos e-mails firmados con un teléfono de Utah o de Burkina Faso como único recurso para poner fin a la catarata de envíos no-solicitados. La inocencia de esta legislación se nos antoja un indicio cierto de que un cerebro funcional no es requisito para laborar en el Congreso norteamericano, y el poco valor que tiene esta medida es puesto de manifiesto por las mismas compañías proveedoras de servicio de e-mail, la mayoría situadas justamente en los EEUU, que no se sienten atadas e ella y persiguen a los spammers aún en estos casos.

Sea un análisis de sangre, el comentario de un empleador, un número telefónico o la dirección de e-mail, la información personal es inviolable, confidencial y de estricta propiedad de cada individuo. No debería poder disponerse de ella sin su consentimiento informado o para fines no-explícitos, y deberían existir firmes normas legales que persigan y castiguen a quienes violan estos derechos. Concentrar los esfuerzos legislativos en lo que toca a la información crediticia y financiera es omitir otros aspectos relacionados con el manejo abusivo de la información personal, que no por cotidianos son menos importantes. Por eso consideramos que promulgar una ley de Habeas Data es imprescindible, urgente, pero que además debiera hacerse lugar en ella para dar garantías a los ciudadanos de que su privacidad es respetada en todos los órdenes, no sólo en lo que tiene que ver con el bolsillo.

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